Corte de EE. UU. anula aranceles impuestos por Trump a productos chinos

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El 28 de mayo de 2025, el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. declaró ilegales los aranceles globales impuestos por el expresidente Donald Trump bajo su política comercial denominada “Día de la Liberación”. Estos aranceles incluían un gravamen general del 10% sobre la mayoría de las importaciones y tarifas más altas, como un 30% sobre productos chinos y un 25% sobre bienes de México y Canadá. Fueron justificados por la administración Trump mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), argumentando amenazas económicas derivadas de déficits comerciales y problemas fronterizos.

Sin embargo, el tribunal determinó que estas justificaciones no cumplían con el umbral legal de una “amenaza inusual y extraordinaria” requerido por la IEEPA. Además, concluyó que Trump excedió su autoridad al utilizar poderes de emergencia para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso, infringiendo así la Constitución de EE. UU. 

Como resultado, se emitió una orden judicial permanente que bloquea la aplicación de estos aranceles y exige al gobierno rescindirlos en un plazo de 10 días. No obstante, los aranceles específicos sobre acero, aluminio y automóviles, implementados bajo otras leyes, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, permanecen en vigor. 

La administración Trump ha anunciado su intención de apelar la decisión, lo que podría llevar el caso a tribunales superiores, incluido el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el fallo representa un revés significativo para la estrategia comercial de Trump y podría influir en futuras políticas comerciales de EE. UU. 

La reacción del mercado fue positiva: los índices bursátiles estadounidenses, como el S&P 500, experimentaron aumentos, reflejando el alivio de las empresas ante la eliminación de barreras comerciales que afectaban las cadenas de suministro y los costos de importación. 

Este fallo también ha reavivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de comercio y la necesidad de una supervisión legislativa más estricta en decisiones que afectan la economía nacional e internacional.

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