La administración del presidente Donald Trump ha implementado políticas migratorias que buscan identificar y deportar a ciertos grupos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. A continuación, se detallan los principales colectivos afectados:
1. Menores migrantes no acompañados
En marzo de 2025, el gobierno canceló contratos con organizaciones que brindaban asistencia legal a aproximadamente 26,000 menores migrantes no acompañados. Esta medida deja a estos niños sin representación legal, facilitando su deportación.
2. Beneficiarios de “parole” humanitario
Más de 530,000 migrantes de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que habían recibido “parole” humanitario bajo la administración anterior han visto revocado su estatus legal. Se les ha otorgado un plazo de 30 días para abandonar el país; de lo contrario, podrían enfrentar detención y deportación.
3. Personas con Estatus de Protección Temporal (TPS)
El gobierno ha puesto fin al TPS para aproximadamente 600,000 venezolanos, eliminando sus permisos de trabajo y exponiéndolos a posibles deportaciones. Esta decisión ha sido objeto de desafíos legales, con acusaciones de que fue motivada por prejuicios raciales.
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4. Indocumentados con antecedentes penales o acusaciones
Las órdenes ejecutivas de Trump permiten la deportación de individuos acusados o sospechosos de delitos, incluso sin una condena formal. Esto amplía el alcance de las deportaciones a personas meramente acusadas o sospechosas.
5. Inmigrantes recientes
Se ha ampliado el uso de la “remoción expedita”, permitiendo la deportación rápida de personas que ingresaron sin documentos y han estado en el país por menos de dos años, sin necesidad de comparecer ante un juez de inmigración.
6. Beneficiarios de programas de alivio migratorio
La administración ha revocado programas como DACA y otros alivios migratorios, afectando a aquellos que anteriormente estaban protegidos de la deportación.
Estas políticas han generado preocupación y desafíos legales por parte de organizaciones de derechos humanos y comunidades inmigrantes, quienes argumentan que las medidas son injustas y carecen de humanidad.
