El gobierno de El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, ha recuperado más de 11,000 viviendas que habían sido ocupadas ilegalmente por presuntos pandilleros. Esta acción forma parte de la estrategia implementada desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas que, según informes, controlaban aproximadamente el 80% del territorio salvadoreño.
Las autoridades han destacado que muchas de estas viviendas presentaban deterioro significativo: un 90% requería mejoras y un 60% estaba desmantelado total o parcialmente. Tras la recuperación, algunas propiedades fueron devueltas a sus legítimos propietarios, mientras que otras, previamente abandonadas por temor a las pandillas, fueron vendidas a familias de bajos ingresos mediante créditos accesibles otorgados por el Fondo Social para la Vivienda (FSV). El FSV destinó 119 millones de dólares para estos créditos, ofreciendo condiciones favorables como la ausencia de prima y una tasa de interés del 2% anual.
Estas acciones han sido posibles gracias al despliegue de la policía y el ejército en barrios anteriormente controlados por pandillas, facilitando la recuperación de las viviendas y contribuyendo a una notable reducción de los índices de homicidios en el país. Sin embargo, es importante señalar que esta estrategia ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la suspensión de ciertas garantías constitucionales y denuncian posibles abusos durante los operativos.
En resumen, la iniciativa del gobierno salvadoreño ha permitido que miles de familias recuperen sus hogares y ha debilitado las estructuras financieras de las pandillas, que utilizaban estas propiedades para actividades ilícitas. No obstante, el enfoque adoptado continúa generando debate tanto a nivel nacional como internacional respecto al equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos fundamentales.
