Dueños de la calle: el poder de los parqueadores ilegales

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Panorama general

  • Los parqueadores informales se han convertido en una presencia regular alrededor de centros comerciales, oficinas gubernamentales, hospitales, y zonas de alta circulación vehicular, aprovechando la escasez de espacios de estacionamiento legales para establecer tarifas entre RD$20 y casi RD$200, según la zona y el evento  .
  • Funcionan de forma casi mafiosa: llevan chalecos o usan pitos para destacar su “servicio” y presionan a los conductores a pagar en efectivo. Quienes se resisten podrían sufrir agresiones, daños al vehículo o robos  .

Causas del problema

  • Crecimiento vehicular sostenido (más de un vehículo por cada tres habitantes) combinado con deficiencias urbanísticas: solo el 2 % de los nuevos edificios cuenta con parqueos adecuados .
  • Debilidad institucional: las normativas (como la Ley 63‑17 y regulaciones municipales) no se aplican con firmeza. Autoridades y gobiernos locales son acusados de hacer la “vista gorda” ante esta ocupación ilegal del espacio público  .

Dinámica actual y niveles de confrontación

  • En zonas como la Fiscalía o Ciudad Nueva, tras acciones judiciales y policiales, los parqueadores vuelven a reaparecer en segundos  .
  • El programa “Parquéate Bien” del Intrant intenta impulsar regulaciones y remolcar vehículos mal estacionados, pero su alcance aún es limitado  .

Impactos en ciudadanos y autoridades

  • Conductores se sienten extorsionados y en riesgo: muchos pagan por miedo a agresiones o porque no hay alternativas legales  .
  • Peatones y residentes también sufren: calles y aceras se saturan, generando caos vehicular y limitando movilidad .

Propuestas y posibles soluciones

  • Crear espacios de estacionamiento legal y formalización del servicio, similar a iniciativas hechas en países vecinos  .
  • Fortalecer la coordinación entre municipalidades, organismos como Intrant y Digesett, e implementar monitoreo continuo, permisos y sanciones  .
  • Establecer registros oficiales, uniformes y protocolos de control para estos trabajadores informales, tal como sugerido por FUNDEVER en 2020 .
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