A pesar de que la «Guía para la atención integral en salud de personas adolescentes en República Dominicana» establece que, en caso de recibir a una paciente menor de edad embarazada, el centro sanitario debe notificar al Ministerio Público ante la sospecha de violencia o abuso sexual, esta práctica es más habitual dentro de hospitales de la red pública que en clínicas privadas.
Roberto Nina, presidente saliente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, destaca que dentro de los hospitales públicos existe un área de Trabajo Social, donde al recibir la información, inicia el enlace con las otras instituciones estatales correspondientes, ya que también podría incluir al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Al preguntarle sobre estas mismas acciones en el área privada, el especialista dijo que entiende que sí se aplica, aunque tal vez no con el mismo rigor por no poseer este tipo de departamentos.
En tanto, Luis Cruz, subdirector de la Clínica Cruz Jiminián, aseguró que en este centro sanitario todas las adolescentes atendidasdeben ir siempre en compañía de un adulto, generalmente, prefieren ir con sus madres, y en muy pocas ocasiones junto a sus parejas.
«Cuando son adolescentes embarazadas, y más en los barrios más vulnerables, no van con sus parejas. Son parejas que hasta las abandonan y se complica (obtener sus datos), lo idóneo sería de ambas partes, pero mayormente solo se obtienen de la joven embarazada», dijo el doctor Cruz sobre la identificación del progenitor dentro del historial clínico de la paciente.
Esta falta de honestidad en la información de parte de las pacientes dificulta a los médicos canalizar la información por las vías correspondientes.
