El proyecto de ley que propone la fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en la República Dominicana avanza rápidamente en el Congreso Nacional. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Luis Abinader como parte de su plan de reforma y modernización del Estado, busca consolidar ambas instituciones en un nuevo Ministerio de Hacienda y Economía.
Estado actual del proyecto
El proyecto fue depositado en el Senado el 16 de abril de 2025 por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, acompañado por otros funcionarios clave. Desde entonces, una comisión especial del Senado, presidida por el senador Pedro Catrain, ha aprobado 16 de los 43 artículos que componen la iniciativa. Catrain ha asegurado que la propuesta será aprobada antes de que concluya la actual legislatura en agosto de este año.
Objetivos y estructura del nuevo ministerio
El principal objetivo de la fusión es articular de manera más eficiente las funciones de gestión fiscal, ordenamiento presupuestario y planificación del desarrollo nacional. El nuevo Ministerio de Hacienda y Economía estará compuesto por seis viceministerios: Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Crédito Público, Política Fiscal, Planificación e Inversión Pública, y Economía.
Además, se contempla la transferencia de ciertas funciones del MEPyD, como la cooperación internacional y el ordenamiento territorial, al Ministerio de la Presidencia, con el fin de evitar duplicidades y asegurar una administración más ágil y coordinada.
Reacciones y críticas
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Mientras que los legisladores oficialistas defienden la fusión como una medida para optimizar funciones y reducir costos, la oposición ha expresado preocupaciones sobre la planificación y ejecución de la iniciativa. El senador de oposición Edward Espiritusanto votó en contra de los artículos aprobados hasta ahora, aunque según Catrain, no presentó argumentos sustanciales para frenar el proceso.
La propuesta ha generado un debate sobre la eficiencia administrativa y la concentración de funciones en el nuevo ministerio, así como sobre el impacto que podría tener en la operatividad del Estado y en la distribución de competencias entre las distintas entidades gubernamentales.
