Gobierno dominicano obliga a instituciones estatales a intercambiar datos para facilitar servicios y eliminar pasos repetidos

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La República Dominicana formalizó este martes el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos en la administración pública con la entrada en vigor del Decreto No. 403-2026, una norma emitida por el Poder Ejecutivo para ordenar el intercambio de información entre organismos estatales y evitar que ciudadanos y empresas presenten datos que ya obran en otras oficinas.

La medida derogó el Decreto No. 92-22, del 8 de febrero de 2022, que había establecido el esquema anterior de interoperabilidad gubernamental.

Según el anuncio oficial del Ministerio de Administración Pública, el nuevo diseño buscó transformar los procesos de intercambio de información del Estado y habilitar servicios públicos digitales integrados y proactivos.

El decreto fijó reglas para el intercambio seguro, estandarizado y trazable de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre entidades gubernamentales. El ministerio sostuvo que esa estructura permitirá una gestión más eficiente de los activos de información bajo control estatal y una administración menos burocrática.Persona de espaldas con suéter mostaza sentada en una sala de espera, sostiene una cédula de identidad en su mano derecha. Se observan sillas y una ventana.Los organismos públicos deberán compartir información institucional para reducir la duplicidad documental y la carga administrativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto obliga a compartir información institucional

Los organismos públicos deberán priorizar el intercambio de información institucional para impedir la repetición de trámites ya cubiertos por otras dependencias del Estado dominicano. El Ministerio de Administración Pública dijo que esa obligación reducirá la duplicidad documental y la carga administrativa.

La nueva regulación colocó la calidad de los datos estatales entre sus objetivos centrales. La consecuencia inmediata fue operativa: los servicios centrales de la función pública y los sistemas transversales del Estado quedaron orientados a funcionar bajo un esquema común de interoperabilidad.

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