La percepción de que las leyes de tránsito en República Dominicana no se aplican de manera equitativa ha sido respaldada por testimonios de conductores y observaciones de expertos en movilidad urbana.
Desigualdad en la aplicación de la ley
Conductores de motocicletas, conocidos como motoconchistas, han expresado que las autoridades tienden a enfocarse en sancionar a los motoristas, mientras que otros actores del tránsito, como conductores de autobuses y vehículos privados, a menudo infringen las normas sin consecuencias aparentes. Antonio Pérez, motoconchista en Los Mina, señaló que “los tapones en su mayoría se forman por la imprudencia de los guagüeros que se paran en cualquier lado, sin que aparentemente le importe a nadie” .
Además, se ha criticado la intervención de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en intersecciones con semáforos funcionando correctamente, lo que, según los conductores, provoca congestiones innecesarias al dar preferencia a un solo lado del tráfico .
Marco legal y desafíos en su implementación
La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece un marco normativo para regular el tránsito en el país, incluyendo sanciones como multas, sistema de puntos en la licencia de conducir, y programas de educación vial . Sin embargo, expertos han señalado que la aplicación de estas sanciones es inconsistente, lo que contribuye a una percepción de impunidad y desorden en las vías públicas .
Medidas gubernamentales recientes
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En respuesta a la creciente preocupación por los accidentes de tránsito, el gobierno anunció en marzo de 2025 la implementación de medidas más estrictas contra los infractores de la ley de tránsito. Estas medidas incluyen sanciones más severas para conductores que violen señales de tránsito, circulen a alta velocidad o irrespeten los semáforos en rojo .
Conclusión
Aunque existen leyes y regulaciones destinadas a garantizar la seguridad vial en República Dominicana, la percepción de una aplicación desigual de estas normas persiste entre los ciudadanos. La implementación efectiva y equitativa de la Ley 63-17 es esencial para mejorar la seguridad en las vías y restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes de tránsito.
