La Procuraduría General de la República Dominicana ha intensificado sus acciones contra las redes de tráfico ilícito de migrantes, declarando esta problemática como una prioridad nacional. Esta decisión responde al creciente impacto de estas redes en la seguridad y los derechos humanos en el país.
Creación de una unidad especializada
El Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la creación de la Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos. Esta unidad tiene como objetivo investigar y perseguir a las redes criminales que operan en el país, incluyendo aquellas que involucran a funcionarios públicos y militares. La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso emitió una Instrucción General para estandarizar los procedimientos de investigación y persecución de estos delitos.
Colaboración internacional y fortalecimiento legal
La Procuraduría ha coordinado esfuerzos con agencias internacionales como UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Estas colaboraciones buscan implementar estrategias de prevención y persecución más efectivas.
Además, el Poder Ejecutivo ha propuesto una reforma a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que contempla penas de hasta 40 años de prisión para los responsables de estos delitos.
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Según informes del Ejército dominicano, en los primeros siete meses del año se han sometido a la justicia a 275 personas vinculadas al tráfico ilícito de migrantes. En los primeros tres meses de 2025, casi un millón de ciudadanos del país vecino han sido detenidos intentando cruzar la frontera de manera irregular.
Estas acciones reflejan el compromiso del Ministerio Público en desmantelar las redes de tráfico de migrantes y proteger los derechos de las personas afectadas por este delito.
